Esa cifra representa el 30 por ciento de la población del país y comprende a los habitantes de 135 de las 345 comunas (municipios) de la nación, ubicadas en las regiones de Los Lagos, Maule, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Atacama.
La víspera el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, firmó la resolución que suma a esa condición a la región de El Maule, en el sur del país y que al igual que los otros territorios estará bajo esa medida durante seis meses por lo menos.
Ese decreto permite, entre otros recursos para enfrentar la crisis, que usuarios pueden solicitar a la Dirección General de Aguas (DGA) autorización para extraer el líquido aunque no tengan derechos de aprovechamiento.
Asimismo la DGA podrá decidir la distribución más apropiada del agua en las zonas afectadas por la escasez.
Según el director de la DGA, Oscar Cristi Marfil, los decretos de escasez hídrica permiten a esa entidad influir en una distribución más equitativa, racional y eficiente para evitar ‘que alguien se quede con toda el agua y el resto no reciba nada’, y así ayudar a los afectados a reducir el impacto de la sequía.
La situación se tornó crítica en amplias zonas y especialistas en meteorología afirman que el sistema frontal que en las primeras semanas de agosto afectó al centro y sur del país permitió reducir el déficit de precipitaciones solo hasta el 32,5 por ciento, lo cual es insuficiente.
Estudios científicos de la ONU establecen que Chile cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático, sin que las perspectivas indiquen una mejoría, sino todo lo contrario, pues la sequía persiste.
A ello se suman las temperaturas registradas en julio último, inusualmente altas para el invierno austral, lo cual condujo a una baja acumulación de nieve en la cordillera de los Andes, que es la garantía de disponibilidad de agua para el próximo verano.
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