La luz verde está contenida en una resolución suprema refrendada por el presidente Pedro Castillo y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.
En el proceso, Fujimori será acusado de los delitos contra la seguridad pública cometido con el suministro ilegal de armas de fuego, contra la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir.
También por el delito contra las relaciones exteriores en la modalidad de violación de la soberanía de otro Estado y conjura contra el mismo, así como por delitos contra la fe pública y falsedad genérica.
La justicia chilena entregó a Fujimori a Perú en 2007 para que fuera juzgado por determinados delitos y el tratado bilateral de extradición establece que para procesarlo por otros crímenes Lima requiere la autorización de la corte de ese país.
La operación ilegal de tráfico de 10 mil fusiles adquiridos a Jordania como si fueran para Perú, se realizó en 1999 y participó además el brazo derecho de Fujimori para asuntos militares y de seguridad, Vladimiro Montesinos, quienes fingieron haber desarticulado la operación y presentaron supuestos culpables.
Por el caso fueron condenados a prisión Montesinos y 34 involucrados con diversos niveles de participación, entre ellos el español Juan Manuel López Rodríguez y el francés Charles Acelor.
La sentencia a Montesinos, de 20 años de cárcel, se saldó, sin agregarse, a la de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, que cumple desde 2001, cuando fue capturado en Venezuela y entregado a Perú.
Fujimori cumple una condena similar desde 2006, como autor mediato de dos matanzas cometidas por un escuadrón militar de aniquilamiento de sospechosos de terrorismo y otros crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Tiene pendiente además otro juicio ya autorizado por la justicia chilena, por otra masacre similar.
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