El país suramericano lejos de acercarse al cumplimiento de del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se hunde en una espiral de violencia que se estrella contra la indiferencia y/o ineficacia del gobierno del presidente Iván Duque.
La atmósfera de violencia que vive el país suramericano fue perfectamente definida por el exmandatario Ernesto Samper cuando escribió ‘en Colombia no es noticia que maten a alguien’.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) detalla en su web los nombres y fechas de los colombianos asesinados durante el 2020, sin dudas un año muy difícil en materia de seguridad para activistas y desmovilizados.
Indepaz cifra en 287 los líderes sociales y defensores de los derechos humanos ultimados de manera violenta, a ellos suma 79 masacres registradas en el país durante los últimos 12 meses, en las que han perdido la vida otros 340 colombianos.
En cuanto a los exguerrileros la institución precisa que en el año que casi finaliza fueron asesinados 60, para un total de 245 desmovilizados de las FARC, ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, desde la firma del Acuerdo de Paz.
Organizaciones sociales, fuerzas políticas, gremios e instancias internacionales han condenado el ambiente de violencia que se vive sobre todo en las regiones rurales, donde bandas paramilitares y otros grupos armados actúan con impunidad.
Por ejemplo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigió al gobierno garantizar la seguridad y vida de los exguerrilleros, también los senadores Griselda Lobo, Feliciano Valencia, Sandra Ramírez e Iván Cepeda, el expresidente Samper y personalidades de otros países.
La JEP destacó en un informe que pese al Acuerdo de Paz persisten las vulneraciones a los derechos fundamentales de los desmovilizados firmantes del pacto, preocupación compartida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El ente mundial asumió como postura que el asesinato de líderes sociales e indígenas, exguerrilleros, y defensores medioambientales y de derechos humanos, es uno de los principales obstáculos a la implementación de la paz en Colombia.
Así lo reflejó en un informe el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en el país y representante especial del Secretario General de esa organización Carlos Ruiz Massieu, quien ratifica al tema de la inseguridad como uno de los mayores impedimentos para llevar el proceso a buen término.
Según ONU más de 13 mil desmovilizados de las FARC firmaron el Acuerdo de Paz con el Estado en 2016, y sus muertes violentas, como la de otros actores sociales, no contribuyen al clima de tranquilidad requerido para llevar adelante lo suscrito. ‘Si no hay seguridad para los exguerrilleros y los líderes sociales será muy difícil implementar los acuerdos porque todo empieza con la protección de la vida’, aseguró Ruiz Massieu.
Uno de los mayores retos, opinó el diplomático, es que el Estado pueda llegar a los territorios donde la violencia marca el día a día, pero no solamente con la fuerza pública, sino también con instituciones civiles, educación, salud, secciones judiciales, e instituciones que lleven desarrollo, servicios y seguridad a esos territorios.
Las regiones rurales colombianas, escenarios principales de estos asesinatos y masacres, están muy ligadas al cultivo de la coca, por lo que además de ser áreas de operaciones de paramilitares y otros grupos armadas son zonas de influencia de bandas dedicadas al narcotráfico.
Analistas señalan que tanta muerte ha llegado a ‘inmunizar’ a muchos respecto a la violencia en Colombia, la frecuencia con de los asesinatos y masacres hace que muchos lo asuman como la cotidianidad de un país donde la paz se escurre una y otra vez.
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