El plan desestabilizador se enmascara bajo tres interrogantes que conforman el contenido de la ilegítima consulta, las cuales pretenden erigir como sustento legal para la continuidad de acciones de subversión, bloqueo económico y llamados a la intervención de potencias extranjeras en el país sudamericano.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, adelantó el carácter fraudulento de la acción y vaticinó la publicación de una cifra inflada de participantes, como ocurrió en procesos similares organizados anteriormente por la oposición.
Cabello desestimó la convocatoria opositora que intenta buscar asidero en una manipulada interpretación del artículo 70 de la Carta Magna, pero carece de todos los rigores de convocatoria, procedimientos y rituales electorales que le impriman un carácter lícito y vinculante.
En similar línea de análisis, el sociólogo y periodista argentino, Marco Teruggi, declaró a Prensa Latina que este nuevo plan orquestado por el diputado Juan Guaidó enfrenta una baja popularidad y tendrá escasa repercusión, aunque posteriormente sea presentada con un número de votos inventados.
La acción desestabilizadora pasa además por el desconocimiento de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, para perpetuar como diputados a varios dirigentes opositores, incluido Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente encargado en acto de usurpación percibido en Caracas como intento de golpe de Estado.
Este ardid busca soportar la estrategia de desconocimiento institucional y gobierno paralelo ficticio impuesto desde Washington; ‘es meramente un mecanismo para justificar a nivel internacional la continuidad de la presidencia interina’, aseveró el analista.
De acuerdo con sus promotores, las personas participarían mediante aplicaciones digitales y redes sociales, antes de la introducción de sus datos personales, para luego realizar el supuesto cómputo en entes y servidores extranjeros, lo que trasluce una seria vulnerabilidad a la privacidad de los firmantes.
Como parte de la coordinación de este plan y enterado de su escaso apoyo en la ciudadanía, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, emitió un pronunciamiento de respaldo a la consulta en un nuevo episodio de la injerencia y apadrinamiento de ese país a sectores del antichavismo venezolano.
Grupos opositores radicados en la ciudad estadounidense de Miami, asumen que el verdadero plan con la consulta gira en torno a captar fondos de los activos incautados de manera ilegal al Gobierno bolivariano de sus reservas en el extranjero, y sobre las que Guaidó y su equipo se sirven asiduamente.
Otras organizaciones del ala radical opositora como Vente Venezuela, se rehusaron de apoyar el proyecto al tildarlo de ‘risible y vil engaño al ciudadano’, otro síntoma de las fracturas y pugnas por el protagonismo en la dirigencia opositora.
A mediados de 2017 este mismo sector celebró otro ilícito y fracasado proceso consultivo, cuyo objetivo central pretendía revitalizar las denominadas guarimbas (acciones violentas de calle) y subvertir la institucionalidad, modelo de actuación que intentan replicar en esta ocasión.
La respuesta del Gobierno bolivariano contra aquel intento desestabilizador fue el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para armonizar el orden interno, rol que pudiera desempeñar ahora el Parlamento elegido el 6 de diciembre frente a los últimos intentos de la extrema derecha por generar zozobra en la nación suramericana.
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