De acuerdo con una investigación de esa institución, directivos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) reconocieron la magnitud de la crisis en la región y el diferente impacto en los países en función de la composición de su tejido productivo, el desarrollo de políticas públicas y la propagación de la Covid-19.
Para la directora de Estudios Macroeconómicos del CAF, Adriana Arreaza, el continente latinoamericano es una de las zonas que mayor número de restricciones a la movilidad ha desplegado por la pandemia, lo que tendrá un mayor efecto en la actividad económica y, por ende, derivará en una recuperación más lenta.
Citada por el Cesla, Arreaza advirtió que todo ello llevará al cierre a cerca de 2,7 millones de empresas, lo que supondrá la pérdida de ocho millones de empleos y el aumento de la pobreza en un 7,1 por ciento.
Respecto a un incremento generalizado e incontrolado de la deuda, indicó que en la medida en que se mantengan las condiciones para créditos fáciles, se recuperen los niveles de crecimiento y se reinserten a medio plazo los programas de consolidación fiscal no habrá una crisis de deuda generalizada.
De cara al futuro, la representante del CAF subrayó que será necesaria una agenda comprensiva para la recuperación y el refuerzo de las instituciones fiscales, el incremento de la productividad, la inclusión social y las capacidades de los Estados.
Además, sugirió que los gobiernos no deben retirar los estímulos demasiado pronto, ya que se descarrilaría la senda de la recuperación este año, al tiempo que recomendó una mayor inversión en el sector de infraestructura, para apuntalar el crecimiento económico en el corto plazo y reducir los costos logísticos.
Arreaza también alertó sobre la debilidad de los sistemas de protección social en la región, principalmente por la informalidad laboral, y destacó las diferencias en la situación de los trabajadores por países, entre lo que sobresale Perú, con uno de los niveles de informalidad más alto.
En tal sentido consideró importante un nuevo diseño de la recaudación tributaria para que se implanten mejores sistemas sociales.
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