Fujimori tenía que participar en la audiencia mediante teleconferencia, pero no lo hizo y un oficial de seguridad de la cárcel exclusiva en la que se encuentra por otros crímenes de lesa humanidad informó que tenía problemas de salud.
El abogado del expresidente, César Nakazaki, dijo sin embargo que en realidad su cliente se niega a declarar porque los términos de su extradición desde Chile en 2007 establecen que no puede ser juzgado por casos no autorizados por la justicia chilena.
Añadió que, en caso de comparecer, Fujimori estaría renunciando a esa protección y no quiere hacerlo, por lo que solo lo hará si la justicia peruana pide y obtiene autorización de la chilena para juzgarlo.
De otro lado, la audiencia en la que el fiscal tenía que sustentar su acusación, la defensa de Fujimori pidió que participe un intérprete de las variantes principales del idioma quechua de las víctimas porque el que tenía el juzgado solo dominaba uno, por lo que el juez Rafael Martínez suspendió la audiencia hasta nueva fecha.
La coordinadora del Grupo de Seguimiento del caso, María Esther Mogollón, denunció que se trató de una maniobra dilatoria, que pretende la inmunidad de la esterilización masiva registrada bajo el gobierno de Fujimori.
Criticó también la actitud del juez, por no haber gestionado con anticipación intérpretes oficiales calificados del Centro de Interpretación de lenguas nativas del Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que las víctimas denunciantes son mil 321.
En realidad el número de mujeres esterilizadas por la fuerza o con engaños es muy superior y un estimado moderado de la Defensoría del Pueblo precisa que son más de 270 mil.
Según el informe de la Fiscalía, son responsables junto a Fujimori los exministros de Salud de su gobierno Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong y otros exfuncionarios.
Antes de la audiencia, la presidenta de la Asociación de Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Rute Zúñiga, exigió justicia, celeridad y transparencia y recordó que se trata de un crimen de lesa humanidad
Señaló que no debe haber más demoras como las que sufrieron las investigaciones de la Fiscalía que se prolongaron por 16 años, lo que consideró como ‘una vergüenza para la justicia peruana’.
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