Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de la diplomacia señaló que la iniciativa es una ‘flagrante agresión y violación del Derecho Internacional’, y será enfrentada con el peso de la ley.
La declaración rechaza la asignación por el Departamento de Estado de hasta un millón de dólares para convocatoria y contratación de participantes en la subversión contra la nación caribeña.
La subdirectora a cargo de América del Norte en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Johana Tablada, señaló también en Twitter que Estados Unidos destinó recientemente más dinero para agresión e injerencia en asuntos internos de la isla.
‘Ilícitamente, el Departamento de Estado anuncia que repartirá un millón de dólares para proyectos de subversión que justifiquen supuestas acusaciones contra la situación de derechos humanos en Cuba’, enfatizó.
De acuerdo con el portal Cuba Money Project, la solicitud del Gobierno norteño se publicó el 24 de noviembre último, a medida que crecía el interés por el denominado Movimiento San Isidro.
Tal grupo mantenía en la barriada habanera de San Isidro lo que llamaron ‘huelga de hambre y sed’ para demandar al gobierno la liberación del rapero Denis Solís, sancionado a ocho meses de privación de libertad por el delito de desacato a un oficial de la policía en ejercicio de sus funciones.
Con evidencias, autoridades de Cuba mostraron en televisión nacional los vínculos de representantes de dicho movimiento con agencias y funcionarios de Washington.
El Minrex antes advirtió sobre el financiamiento, orientación e incitación desde Estados Unidos a grupos e individuos para que desafíen la autoridad, así como de la maquinaria desplegada en las redes sociales para difundir información falsa, incitar al odio, dividir a la población y llamar a la ilegalidad.
El propio Estados Unidos informó destinar más de 261 millones de dólares a proyectos de subversión contra Cuba desde 1990 hasta este año.
Según Cuba Money Project, más de 124 millones de dólares abonaron al propósito descrito como ‘participación democrática y sociedad civil’, 38 millones a ‘derechos humanos’ y 25 millones a ‘medios y libre flujo de información’.
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