Con los votos en contra de los 13 legisladores de la bancada frenteamplista el texto de unos 700 artículos pasó por un intenso debate debido a criticados recortes de gastos protestados desde diversos ámbitos de la sociedad.
Tras la votación el senador de esas filas Mario Bergara evaluó que ‘la pandemia de la Covid-19 lo cambió todo, menos el presupuesto’ porque no hay nada en el mismo que haga ver que el país se encuentra en medio de una crisis sanitaria’.
Contra la política gubernamental de recortes la fuerza política opositora sostuvo que la pandemia, lejos de ser un argumento para gastar menos lo es para volcar más recursos a la sociedad.
Abundó en la necesidad de ayudar a sostener la situación económica, social, empresarial ‘para que la gente no tenga que cerrar los comercios, para que no caiga en la informalidad y en la pobreza, y Uruguay es el único país que hace un ajuste fiscal en medio de una pandemia’.
En el transcurso de la semana en tres ocasiones los nuevos casos de Covid-19 superaron el número de 200 con sucesivas cifras récord, hubo fallecimientos diarios por esa causa y los personas que cursan la enfermedad sobrepasaron los mil 500
Ante tales señales de aumento exponencial de contagios y varios departamentos del país en zona naranja de riesgo el presidente de la nación Luis Lacalle Pou anunció la aplicación de algunas contadas medidas para tratar de contener la propagación del virus SARS-CoV-2 contaminador.
Con el declarado propósito de medir sus efectos con una vigencia hasta el 18 de diciembre se dispuso preferir el teletrabajo en oficinas públicas, suspender actos de graduación de fin de curso, cerrar gimnasios y actividades deportivas bajo techo.
En estas circunstancias El Frente Amplio Uruguay reactualizó la propuesta de renta básica para sectores más golpeados económicamente por la pandemia de Covid-19 presentada en marzo al gobierno al que reprocho de nuevo su falta de respuesta nueve meses después con un agravamiento sanitario.
Al propio tiempo el debate presupuestal se dilató por falta de acuerdo entre el gobierno y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) que se resiste a tres artículos de la legislación que obvian establecer cómo será la recuperación de los recortados sueldos en el año 2024
La fuerza política opositora criticó por otra parte entre los contenidos más cuestionados la derogación por la mayoría oficialista de la ley de regulación y uso de viáticos que obligaba a los funcionarios públicos, legisladores y cargos políticos a rendir cuenta con comprobantes al retorno de un viaje.
El legislador frenteamplista Alejandro Sánchez sentenció que ‘el oficialismo habla mucho de transparencia pero elige votar por la opacidad’.
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