La diligencia se lleva a cabo en el Complejo Judicial Norte, en esta capital, a un año y siete meses de su detención, ocurrida en abril de 2019 y extendida por 70 días, período en el cual hubo violaciones a sus derechos, de acuerdo con el equipo técnico.
Previo al ingreso a la corte, Carlos Soria, abogado del desarrollador de software, insistió ante medios de comunicación que no existen elementos para comprobar el delito. Su defendido tiene prohibición de salida del país y debe presentarse semanalmente ante la Fiscalía.
‘Después de toda esta persecución, lo que él realmente quisiera es que al fin el sistema de justicia ecuatoriano trate el caso en derecho, con justicia, ya no bajo presiones políticas’, afirmó el letrado.
Inicialmente Bini fue acusado de supuestos ataques a sistemas informáticos de entes estatales y señalado por su amistad con Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks, encargado de difundir miles de documentos sobre prácticas ilegales de Estados Unidos, a quien Ecuador le retiró asilo político en su embajada en Londres horas antes del arresto del informático.
En agosto último, el delito por el que pretenden juzgar a Bini cambió por el de acceso no consentido a sistemas informáticos y telemáticos, otro elemento demostrativo de las irregularidades del caso, en opinión de sus representantes legales.
Soria también recordó cómo el ciudadano sueco recuperó la libertad mediante un Habeas Corpus, según el cual todo el proceso, desde el acercamiento de agentes en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, donde fue arrestado, estaba viciado, por lo tanto era ilegitimo e ilegal.
‘Eso es lo que hemos venido a defender ahora, el estado de derecho, el estado de garantías constitucionales, en este caso del ciudadano sueco Ola Bini’, recalcó.
En caso de que su defendido sea llamado a juicio, aseguró que acudirán a todas las instancias necesarias para probar su inocencia con el mismo discurso mantenido desde el inicio del proceso.
Al respecto, enfatizó que según los informes periciales a reportes presentados por la Corporación Nacional de Comunicaciones de Ecuador no hubo acceso, ni siquiera intentos, a sistemas informáticos.
‘No existen asideros jurídicos para lo que fiscalía intenta perseguir en este momento’, aseveró sobre ese particular.
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