El mandatario declaró en una entrevista con el diario El Comercio, que están muy avanzadas las investigaciones sobre las muertes, por arma de fuego, de Inti Sotelo y Bryan Pintado, el 14 de noviembre, durante una protesta contra el entonces fugaz presidente interino conservador, Manuel Merino.
‘Eso está encaminado, está en camino en el Ministerio de Justicia. Se ha conversado con los deudos de una manera muy clara y ahí el Estado tiene que reconocer su responsabilidad’, manifestó.
Sobre el uso de las armas por la Policía contra Sotelo y Pintado cuando estaban prohibidos de hacerlo, dijo que las reglas al respecto están fijadas y hay un manual que establece el uso proporcional de la fuerza y un protocolo para hacerlo.
La gran mayoría de los policías lo respeta ‘y quien no actúa de acuerdo con eso es sancionado’, añadió el jefe de Estado, a tiempo de apuntar que hay también responsabilidad de ‘dirigentes irresponsables, que incitan a la violencia sabiendo las consecuencias’.
La exigencia de mayor celeridad en las investigaciones de la Fiscalía sobre las dos muertes fue planteada anoche en una marcha por el centro de la ciudad, convocada por la Asociación de Familiares de Víctimas de la Represión, presidida por Pacha Sotelo, hermano de Inti.
Horas antes de la movilización, un fiscal y dos policías visitaron la casa de la familia Sotelo para notificar a Pacha sobre la eventualidad de un proceso por posibles delitos durante la protesta.
El diario Uno calificó el hecho como ‘una medida innecesaria e intimidatoria contra quien exige justicia y sanción para los asesinos de su hermano’.
La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, condenó el acoso y denunció que es una práctica habitual que la Fiscalía de Prevención del Delito interponga denuncias preventivas a quienes convocan a manifestaciones.
La notificación fue ‘una represalia a la búsqueda de justicia que hace la familia y a su pedido de sanción para los policías’, dijo.
El activista humanitario Miguel Jugo condenó el hecho y lamentó que a casi dos meses de las muertes, no haya responsables identificados, como tampoco los hay en las 156 muertes registradas anteriormente en circunstancias similares, bajo varios gobiernos.
En diciembre pasado, dos civiles fueron ultimados por policías durante la represión de protestas de trabajadores de empresas de agro-exportación en el norte del país, por lo que uno de los autores está detenido y el otro denunciado.
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