El magistrado Jorge Ramírez dejó ayer en suspenso su dictamen, cuando Ana, los abogados y la prensa esperaban su decisión sobre la acción de amparo presentada hace un año por la Defensoría del Pueblo, para que la justicia le permita decidir su muerte asistida.
El juez dijo que anunciará su fallo ‘en un plazo razonable’, tras el conmovedor testimonio de la sicóloga de 44 años, el alegato del defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, sobre el derecho humano a una muerte digna, y la oposición de los representantes del Estado.
‘A los 12 años me diagnosticaron polimiositis, una enfermedad autoinmune, degenerativa, irreversible y progresiva que afecta principalmente los músculos y va debilitando el cuerpo por completo’, dijo la enferma.
Ana expuso sus argumentos por teleconferencia y dijo que su estado empeora desde que en 2015 tuvo que estar seis meses en la unidad de cuidados intensivos de un hospital y actualmente requiere asistencia durante las 24 horas de cada día.
‘La motivación de luchar por mi derecho a la muerte digna se inició cuando recaí en 2016 y me volvieron a hospitalizar; ahí me di cuenta que esto no era vida para mí, que había perdido todo’, dijo.
Lamentó que en Perú el Código Penal castigue con tres años de cárcel a quien ‘me ayude a ponerle fin a mi sufrimiento’, por lo que los médicos se niegan a hacerlo.
El defensor Gutiérrez exhortó al juez a tener en cuenta los derechos humanos, como el de no ser torturado o sometido a sufrimiento, y a que interprete la ley y obvie la norma del código penal que castiga el llamado ‘homicidio piadoso’.
‘Nuestro pedido no es dejarla morir. Nuestro pedido es dejarla decidir hasta qué momento y en qué determinadas condiciones su vida, a juicio de ella, no sería digna de ser vivida’, sostuvo.
Los procuradores de los ministerios de Justicia y Salud y el sistema de salud de la seguridad social (EsSalud) se pronunciaron en contra de la súplica de Ana, alegando el Código Penal y otras limitaciones legales o la inexistencia de un protocolo de eutanasia.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, manifestó como ciudadano su apoyo a Ana Estrada, le agradeció por plantear a la sociedad un debate tan importante y excepcional como el de la muerte digna y dijo que espera que las autoridades la escuchen.
‘No estamos hablando de preferir la muerte sino de simplemente destinar una vida digna y tener un final feliz y digno’, dijo.
‘Muchos derechos se han creado por jurisprudencia y después se han convertido en leyes. No es un argumento válido decir que, como no hay ley, entonces el juez no puede fallar’, alegó Gutiérrez ante el argumento de que solo el Parlamento puede cambiar una ley.
Finalmente, el juez Ramírez dijo que la trascendencia y lo dedicado del caso y la alta carga procesal que tiene, determinan que tenga que tomarse ‘un plazo razonable’ para dictaminar.
El funcionario de la Defensoría del Pueblo Percy Castillo declaró a su vez que espera que el juez tenga en cuenta que la acción de amparo fue presentada por la urgencia del caso y que el tiempo es un factor que juega en contra de Ana Estrada.
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