La instancia informó que el percance surgió debido al uso del logotipo de un movimiento local en lugar del correspondiente a la organización Acción Movilizadora Independiente Generado Oportunidades (Amigo), que contendrá en los sufragios por la lista 16.
El problema se dio específicamente para la identificación del binomio presidencial.
Al respecto, el CNE aseguró que las papeletas impresas serán destruidas y el proceso se reanudará con el cambio respectivo, para lo cual ya trabajan con el Instituto Geográfico Militar, encargado de toda la documentación electoral.
Por otra parte, el máximo órgano comicial advirtió que decidió iniciar una investigación y resolvió separar a los funcionarios encargados de la revisión y aprobación de los documentos oficiales.
Como resultado del error quedaron inservibles 6,2 millones de papeletas, que deberán ir nuevamente a impresión, aunque aún se desconoce cómo y quién asumirá los costos.
La actual situación se suma a otras irregularidades registradas durante todo el proceso, marcado por desavenencias entre los principales entes encargados de las justas, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
De hecho, cuatro de los cinco miembros del pleno del Consejo apelaron a un dictamen del TCE que estableció su destitución por incumplir un fallo, según el cual la institución debía permitir la inscripción del movimiento Justicia Social en los comicios.
La presidenta del ente, Diana Atamaint, el vicepresidente, Enrique Pita, y los consejeros José Cabrera y Luis Verdesoto son los afectados por la determinación.
Al mismo tiempo, la etapa de impresión de papeletas avanzaba para los binomios presidenciales y asambleístas nacionales, pero los documentos destinados a parlamentarios andinos siguen pendientes por recursos sin solucionar.
El venidero 7 de febrero los votantes de Ecuador elegirán al próximo presidente y vicepresidente de la república, así como a legisladores y miembros del Parlamento Andino.
Un total de 16 duplas optan por los puestos de dignatario y vicemandatario, mientras que representantes de 17 organizaciones políticas pugnan por el resto de los puestos, cifras consideradas récord.
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