‘Odebrecht ha incumplido con los acuerdos de pago de los años 2019 y 2020, por lo que vamos a solicitar la respectiva audiencia para que cumplan con el mismo’, afirmó el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, durante su informe anual de gestión al frente del Ministerio Público.
Por ende, la Fiscalía Especial Anticorrupción solicitará próximamente una audiencia ante un juez de cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio para verificar el estatus del desempeño de los convenios suscritos por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) con el grupo económico en julio de 2017 y homologados en noviembre de ese año.
A juicio de algunos expertos, hacer realidad esta solicitud representaría la primera documentación sobre si la compañía brasileña honró su compromiso, además de marcar una exigencia del sistema judicial para controlar lo acordado.
Sin embargo, cuando se verifique que hubo incumplimiento, el sistema revelará una de las lagunas que hay en este tipo de colaboraciones, pues la ley no contempla cómo revocar el beneficio ya otorgado a la empresa, aseguró el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.
Precisó Araúz que el sistema no debió otorgar el premio de forma anticipada, sino condicionar la homologación de los acuerdos al cumplimiento total de las obligaciones, como única forma de garantizar la ejecución de las acciones, ya que tampoco hubo una fianza de cumplimiento.
La ley de delaciones premiadas, promulgada el 4 de febrero de 2017, no contempla que los acuerdos pueden ser anulados, ni especifica qué hacer por incumplimiento de la acción resarcitoria, aseveró.
Ese propio año, la Fiscalía impuso a Odebrecht una multa de 220 millones de dólares, pagaderos en 12 años, tras una negociación de colaboración con la constructora en las pesquisas que desarrolló la justicia panameña.
No obstante, en julio de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que en tres años no se registró pago alguno de abonos al Estado por la penalidad establecida a ese emporio.
En enero de 2017, el Gobierno istmeño interpuso una querella contra la transnacional brasilera por soborno a funcionarios públicos panameños entre 2009 y 2014, a partir de la confesión de directivos de la empresa, quienes revelaron la entrega de comisiones ilegales por un monto de 59 millones de dólares a locales.
Fiscales suizos acusaron formalmente por soborno a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y congelaron 22 millones de dólares en cuentas bancarias.
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