Ese fue el principal resultado del prolongado proceso judicial seguido contra siete exuniformados y un abogado de Carabineros, cuyo veredicto fue dado este jueves por un juzgado de la municipalidad de Angol, en la sureña región de La Aracucanía, y al cual no pudieron acceder el padre de la víctima, Marcelo Catrillanca y otros familiares.
Concluida la sesión, en declaraciones a la prensa Marcelo Catrillanca calificó el veredicto como una burla a la familia y a su hijo porque ‘una vez más la cuerda se rompió por lo más débil’, ya que fueron condenados los carabineros que cometieron el crimen, pero no quienes tuvieron la responsabilidad política por la actuación del cuerpo policial.
Asimismo anunció que la familia continuará apelando a los más altos niveles y si es necesario llevará el caso a la justicia internacional para que se conozcan los abusos de que es víctima el pueblo mapuche.
Alarcón Molina, el principal acusado, fue señalado culpable por homicidio simple consumado en el caso del mapuche de 24 años, y de homicidio simple frustrado hacia el menor que acompañaba a Catrillanca en el momento del hecho.
En cambio, resultó absuelto de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción de la investigación, disparo injustificado y encubridor de torturas, mientras que el resto de los procesados fueron declarados culpables de delitos menores, como apremios ilegítimos contra el menor, disparo injustificado y obstrucción a la investigación.
Alarcón Molina arriesga una pena de 15 años de cárcel solicitada por la Fiscalía, pero esta y las de los otros imputados serán informadas en sesión fijada para finales de enero.
El juicio como tal se inició el pasado 5 de marzo luego de una dilatada investigación sobre los hechos, y se vio postergado en varias ocasiones por los problemas causados por la pandemia de Covid-19 y por acciones dilatorias de la defensa.
Durante las audiencias, Alarcón confesó haber recibido instrucciones de sus superiores para mentir sobre lo ocurrido alegando que se trató de un enfrentamiento armado, así como obstruir la investigación al ocultar la existencia de registros visuales del hecho.
Esa filmación de una de las cámaras de los carabineros, que apareció posteriormente, dejó claro que el asesinato ocurrió a mansalva, y la actuación fraudulenta de los uniformados y sus superiores destapó una aguda crisis al interior de la institución policial.
Como resultado una decena de altos oficiales renunciaron o fueron dados de baja incluido el director general en ese momento Hermes Soto, destituido tras muchas dilaciones por el presidente Sebastián Piñera, al calor de la presión popular.
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