La muerte del artista callejero Francisco Martínez, baleado por un carabinero en la sureña ciudad de Panguipulli el viernes 5 de febrero, devolvió en los últimos días al centro del debate político el reclamo por reformar o incluso refundar las instituciones policiales.
El caso generó fuertes protestas en ciudades del país durante varios días, y una ola de críticas a la brutalidad policial, sobre todo desde la oposición. El gobierno, en voz del presidente Sebastián Piñera, lamentó la muerte del joven, pero al mismo tiempo defendió el actuar de Carabineros y no parece haber prestado mayor atención a las demandas de refundar esa institución, cuyo prestigio parece cada vez más carcomido y que ya no da para más, según afirman desde la oposición.
En paralelo La Moneda debió enfrentar una crisis en el norte del país por la entrada masiva de migrantes ilegales, que tuvo su máxima expresión con la aglomeración de más de mil indocumentados en el pequeño poblado de Colchane, cerca del límite con Bolivia, generando lo que medios y organizaciones sociales calificaron de crisis humanitaria.
La situación llevó al gobierno a optar por una política de mano dura, empezando por el despliegue de militares en la zona para impedir la entrada por pasos no autorizados.
Desde Colchane, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció la expulsión de los migrantes y advirtió que quienes entren a Chile de manera clandestina, ‘no van a ser regularizados, no van a tener carnet de identidad, no van a tener nada que pueda generar esas expectativas que les han inculcado bandas internacionales’.
La promesa se cumplió el miércoles con la expulsión de 86 colombianos y venezolanos en un avión de la Fuerza Aérea que partió de la ciudad de Iquique, mientras que 52 peruanos y bolivianos fueron devueltos en ómnibus a sus países.
La postura de las autoridades fue criticada por organizaciones de migrantes y fuerzas políticas y sociales que exigieron al gobierno asumir el problema desde la perspectiva de los derechos humanos, más que como un asunto de seguridad nacional.
Pero la polémica aumentó cuando –coincidencia o no- el mismo día el canciller Andrés Allamand dijo que los indocumentados quedarían excluidos del plan de vacunación contra la Covid-19 que avanza en el país.
De inmediato médicos y académicos advirtieron que esa posición resultaba perjudicial a la política de vacunación, por pretender dejar fuera a un sector que pudiera continuar trasmitiendo la enfermedad.
Desde el mundo político se consideró como una expresión de xenofobia y carente de humanidad hacia personas que por su condición de indocumentados se encuentran en una situación más vulnerable que el resto de los ciudadanos.
Tal fue el revuelo, que en 24 horas el gobierno rectificó y el ministro de Salud, Enrique Paris, aclaró que los extranjeros residentes, regularizados o no, sí serán vacunados, de acuerdo con el calendario previsto, igual que los chilenos.
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