Ese año Washington introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas, y en 2006 impuso un embargo de armas por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los denominados esfuerzos antiterroristas.
Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a acciones punitivas contra funcionarios acusados, entre otras cosas, de reprimir protestas y perseguir a opositores políticos, en el contexto de una ola de violencia política dirigida al derrocamiento del Ejecutivo bolivariano.
En 2015, el entonces mandatario norteamericano Barack Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos, recuerda el dictamen de la experta independiente de las Naciones Unidas.
Esta acción injerencista abrió las puertas a la imposición de nuevas medidas coercitivas contra el Gobierno venezolano y sus instituciones, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela, mediante el bloqueo de sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses.
En 2018, tras las elecciones presidenciales de mayo, la Casa Blanca endureció sus sanciones contra el aparato gubernamental de la nación sudamericana, bajo los pretextos de mala gestión económica, corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.
El reconocimiento de la administración de Donald Trump al diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado –acto de usurpación percibido en Caracas como intento de golpe de Estado-, generó desde enero de 2019 una nueva escalada en la estrategia de asfixia económica contra Venezuela.
Además de imponer un bloqueo económico total en agosto de ese año, Washington otorgó a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a Pdvsa desde su filial estadounidense, Citgo.
Asimismo, otras sanciones emitidas por Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y la minería, los alimentos, las criptomonedas y la banca, refleja el informe de la relatora especial de la ONU, el cual recoge además acciones punitivas contra entidades foráneas relacionadas con Venezuela.
En rueda de prensa ofrecida la víspera al término de su visita oficial a la nación sudamericana, la experta independiente de la ONU instó al Gobierno estadounidense a levantar todas las medidas coercitivas adoptadas como parte de su estrategia para un cambio de régimen en Caracas.
Douhan aseveró que las acciones ilegales implementadas por Estados Unidos frenaron el desarrollo del país debido al severo impacto ocasionado a su economía, al provocar la caída de los ingresos en divisas en un 99 por ciento durante los últimos años.
Asimismo, reconoció que la aplicación de tales acciones afectó el acceso del país a medicamentos y alimentos, lo cual generó un efecto devastador en la salud de la población venezolana, además de acentuar el escenario de crisis y las tensiones internas, con repercusiones en el flujo migratorio y la separación de las familias.
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