Este lunes el director del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, dio cuenta de la magnitud de esa consulta al señalar que hay casi 18 mil aspirantes inscritos, para los dos mil 768 puestos en disputa.
Estos van desde los de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, hasta los 155 integrantes de la Convención que redactará la nueva Constitución del país.
La mayor atención de la población se enfoca en estos últimos, pues de quienes integren la Convención dependerá que surja una carta magna que cubra las expectativas de la sociedad chilena para por lo menos las próximas cinco décadas.
Pero en el mundo político también ponen la vista en la correlación de fuerzas resultante de la elección de los gobernadores regionales (por primera vez en la historia por voto popular) y de alcaldes, lo cual será –aseguran- un ‘avance’ de lo que podría ocurrir en los comicios presidenciales previstos para noviembre próximo.
El 10 de febrero comenzó la campaña electoral, que tomará mayor fuerza a partir del 12 de marzo cuando se inicie la propaganda televisiva, lo cual ya genera críticas y preocupaciones.
Esto, por la irregular distribución del tiempo entre los candidatos independientes y los partidos políticos en el espacio de televisión con vistas a la Convención Constitucional.
Según las normas, a quienes se presentan como independientes (fuera de los partidos) les corresponde un tiempo equivalente al de la formación política que obtuvo menos votos en las elecciones para diputados de 2017, por lo cual, indican algunos medios, 457 aspirantes tendrán menos de un segundo para expresar sus ideas.
Al respecto candidatos como los comunistas Juan Andrés Lagos y Marcos Barraza, que se presentan por distintos distritos, consideran una burla el tiempo destinado a los independientes.
Por otro lado, los comicios se efectuarán en medio de la pandemia de la Covid-19, con las preocupaciones que ello despierta por la concentración de personas en los puntos de votación.
Ya la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que habilita el voto anticipado, que ampliaría el sufragio para personas que no pueden ejercerlo en la práctica, y deberá ser analizado por el Senado en marzo próximo tras las vacaciones legislativas, pero no se sabe si de ser refrendada esa iniciativa estará en vigor para el 11 de abril.
Al respecto existen discrepancias, pues mientras el Gobierno pretende que ese sufragio se realice solo dos días antes de los comicios, el Servel y numerosos legisladores son partidarios de un plazo más prolongado, superior a una semana.
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