Al mismo tiempo, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debatió sobre las opciones de abrir un antejuicio penal o un proceso político y las bancadas proyectan crear una comisión investigadora del caso.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que la indagación preliminar incluye a quienes resulten responsable del manejo irregular de dosis extra aprovechadas por Vizcarra y otros exfuncionarios para inocularse la vacuna china Sinopharm en proceso de ensayos aquí, pero al margen de éstos.
De otro lado, la fiscal Ávalos negó rotundamente y bajo juramento haber recibido la vacuna, sumándose a decenas de ministros y otros altos funcionarios del actual Gobierno y el de Vizcarra.
Sin embargo, la universidad Cayetano Heredia, que manejó las vacunas extra, precisó que el protocolo de las pruebas puso a disposición de los responsables de los ensayos un lote de vacunas para el personal de los mismos y otros relacionados.
De otro lado, el presidente Francisco Sagasti nombró canciller al veterano embajador en retiro Allan Wagner, en reemplazo de Elizabeth Astete, quien renunció ayer tras admitir que, como Vizcarra, fue vacunada en secreto contra la Covid-19.
Según trascendidos confiables, otros funcionarios de alto nivel de la cancillería figuran entre la lista de beneficiados irregularmente con la vacuna, nómina que el Gobierno espera recibir de todos los ministerios.
La primera baja gubernamental del impacto de la revelación, por un periodista, de la vacuna recibida por Sagasti fue la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reemplazada por Óscar Ugarte.
Mazzetti renunció el viernes último ante el riesgo de ser censurada por el Parlamentounicameral, de mayoría opositora, que considera que debió estar al tanto de la vacunación irregular.
Entretanto, el presidente encabezó una reunión del Consejo de Estado, integrado por titulares de los poderes del Estado y otros altos funcionarios.
La fiscal Ávalos informó que los participantes acordaron pedir que se haga pública la relación de todos los beneficiados en la vacunación oficial, iniciada la semana pasada, ‘a fin de que el país haga seguimiento a cada etapa del proceso’.
Por otra parte, los conocidos juristas Romy Chang y Omar Cairo coincidieron en opinar que Vizcarra solo habría cometido una falta ética, mas no un delito.
‘Si la Fiscalía abre investigación por delito de colusión tendrían que acreditarse’ elementos que lo demuestren, dijo Chang, quien agregó que el exgobernante habría incurrido en una falta ética grave al aprovechar su cargo para conseguir la vacuna.
Cairo anotó que el posible proceso tendrá larga duración y no terminará antes de las elecciones generales de abril próximo, en las que Vizcarra pretende obtener una curul parlamentaria
Advirtió, sin embargo, que en caso de ser elegido y sea declarado responsable de algún delito, el pleno parlamentario pondría inhabilitarlo y perdería su condición de congresista.
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