El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, señaló que dichas declaraciones, publicadas este jueves por esos funcionarios, denota un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano y califica hechos sin conocer sus verdaderas implicaciones legales.
‘Venezuela observa con preocupación la tergiversación evidente en la que incurre este grupo de representantes de los procedimientos especiales, ante las averiguaciones judiciales cursadas a la ONG, tras detectarse transferencia de recursos en divisas bajo una modalidad financiera no autorizada, ni contemplada en las leyes venezolanas’, señala un comunicado de la Cancillería.
Refiere además el texto que como en todo proceso judicial dentro del país, los funcionarios implicados en ese caso, cuentan con la plena garantía del debido proceso y derecho a la defensa.
Califica de injerencistas las declaraciones de los expertos, las cuales considera sesgadas y contrarias a los principios establecidos en la resolución 46/182 de las Naciones Unidas, sobre el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la necesidad de contar con el consentimiento de los Estados en el ejercicio de las labores humanitarias.
‘Venezuela denuncia estas declaraciones injerencistas y descontextualizadas, que pretenden manipular a la opinión pública internacional, enturbiar la cooperación del país con el Sistema de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y que en nada contribuyen al fortalecimiento de la acción humanitaria’, concluye el comunicado.
Azul Positivo es una organización venezolana fundada en 2004 para ofrecer información y acompañamiento a los pacientes de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
El pasado 12 de enero cinco activistas fueron detenidos tras ser acusados por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos, asociación para delinquir, manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos y legitimación de capitales.
El pasado 10 de febrero, fueron excarcelados con medidas cautelares y con presentación de cada 30 días, mientras esperan por el proceso judicial.
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