La iniciativa, calificada como ‘antirepresión’ fue presentada por legisladores de los partidos Revolución Democrática, Socialista y Comunista, y busca echar abajo específicamente las leyes antibarricadas, de control preventivo de identidad y de Seguridad Interior del Estado.
El diputado Georgio Jackson, de Revolución Democrática, declaró a los medios que esos textos legislativos ‘hacen retroceder los derechos de las personas y no aportan en el control del delito, sino que fortalecen la discrecionalidad que el Gobierno y el aparato estatal tiene por sobre las libertades de las personas’.
La propuesta busca delimitar las herramientas del Estado para generar mecanismos de represión hacia las personas y vulneración de sus derechos.
Por su parte, la socialista Daniela Cicardini opinó que esas normas se han utilizado ‘para justificar la represión violenta, las detenciones ilegales, perseguir a pueblos indígenas, criminalizar al movimiento social y eso es inaceptable en nuestra democracia’.
Asimismo aclaró que el rechazo a esas leyes no implica que no se busque a los verdaderos delincuentes, ‘eso es lo que queremos que Carabineros y el Gobierno se dedique a perseguir’.
La iniciativa opositora no sentó nada bien en La Moneda, y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que esos diputados proponen una ‘agenda de impunidad’.
Añadió que el Gobierno está promoviendo una agenda de seguridad, que calificó de ‘robusta’, aunque admitió que ‘se puede mejorar’.
El tema cobra más actualidad en momentos en que el auge de la delincuencia de la mano del crimen organizado es tema diario en la prensa y el presidente Sebastián Piñera ha anunciado algunas iniciativas en esa dirección.
A fines de año, firmó un proyecto de ley encaminado a enfrentar ese flagelo, el cual busca actualizar el obsoleto Código Penal, y ofrecer –dijo- más recursos a las autoridades para combatir la delincuencia vinculada al narcotráfico internacional.
El mandatario aseguró incluso que la situación delictiva llegó a ‘un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora con decisión y urgencia’, pero además, recriminó al Congreso Nacional por demorar el debate de proyectos de ley relacionados con la seguridad.
Sin embargo, las palabras del mandatario fueron rebatidas por la presidencia del Senado, que lo criticó por intentar responsabilizar al Congreso del ‘fracaso absoluto del Gobierno en el combate a la delincuencia y el crimen organizado’.
Analistas recuerdan que la lucha contra la delincuencia fue una de las banderas de la campaña presidencial de Piñera, pero a un año de terminar su mandato, esa situación es peor que cuando llegó a La Moneda
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