Tal como se preveía, el tema comienza a ocupar espacio en el debate nacional y como muestra de ello, mientras las diputadas dialogaban en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, cientos de personas se congregaron en las afueras del edificio.
Los manifestantes representaban tanto a los partidarios del aborto como a quienes se identifican como ‘pro vida’ y lo rechazan y cada grupo entonaba consignas y portaba carteles con sus respectivas posiciones, e incluso por momentos se enfrentaron en acaloradas discusiones.
Luego de dos horas, la comisión cerró su sesión y acordó tomar una semana para convocar a la mayor cantidad posibles de organizaciones y entidades que puedan aportar al análisis de este asunto en todas sus aristas.
La diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión, informó a la prensa que además pidieron al Ministerio de Salud información sobre las mujeres que han fallecido por practicarse interrupciones de embarazo ilegales y a la Gendarmería y a la Fiscalía, lo relativo a la cantidad de personas que han estado presas por el delito de abortar.
Este proyecto fue ingresado en 2018 pero ahora decidieron ponerlo en agenda, porque aunque existe rechazo en legisladores de derecha y algunos de oposición, es posible avanzar en la discusión y sacar adelante la legislación, recordó Orsini.
En Chile estaba totalmente prohibido el aborto, hasta que en 2017 se autorizó solo por tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación, si peligra la vida de la madre a causa de la gestación, o cuando el feto presenta algún problema incompatible con la vida.
El tema cobra fuerza luego del triunfo de los partidarios de la legalización del aborto en Argentina hace pocas semanas, lo que fue confirmado por la diputada Camila Rojas, quien aseguró que en Chile también es necesario avanzar en esa dirección.
‘Queremos que esta discusión se tome el debate nacional, que el derecho de las mujeres a decidir ante casos tan cotidianos como que falle el anticonceptivo, se discuta en las casas’, puntualizó la legisladora. El gobierno de entrada se expresa contrario a esta iniciativa y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, declaró la víspera que el parlamento es soberano para discutir todos los temas, pero La Moneda ‘en esta materia está en contra del aborto sin causales’.
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