La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la víspera en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dirigida a ampliar el alcance del instrumento legal, adaptado a la situación actual.
Durante la sesión del órgano legislativo, el diputado Pedro Infante abogó por impulsar acciones para promover la conciencia nacional en este ámbito y generar condiciones para la aplicación efectiva de la normativa.
El parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela enfatizó que desde la aprobación de la Constitución de 1999, el Estado asumió el principio de la igualdad entre hombres y mujeres como parte de la construcción de una sociedad democrática, de derecho y de justicia.
De acuerdo con cifras del Ministerio Público, desde agosto de 2017 hasta el cierra de 2020 se contabilizaron en el país poco más de 600 casos de femicidios, de los cuales más del 50 por ciento ya cuentan con actos conclusivos por parte de los fiscales.
Al respecto, Infante alertó sobre un alarmante incremento de crímenes de esa naturaleza, con medio centenar de víctimas fatales en los dos primeros meses de 2021, según datos de la cartera para la Mujer y la Igualdad de Género.
A su vez, la diputada Asia Villegas subrayó la importancia de incorporar a la legislación vigente nuevas formas de violencia por motivos de género, tales como actos lacerantes en el ámbito político y el ciberespacio, entre otros.
Al presidir este martes la reunión del Consejo de Ministros, el mandatario Nicolás Maduro instruyó a las autoridades a activar líneas de emergencia por cuadrantes de paz (demarcaciones trazadas según la incidencia delictiva) para atender cualquier caso de violencia contra las féminas.
Maduro llamó a redoblar los esfuerzos para resguardar la integridad y la vida de las mujeres venezolanas, en un tema con aristas de educación, cultura y respeto, pero asociado también -subrayó- a la capacidad para reaccionar, proteger y atender.
En tal sentido, el jefe de Estado exhortó a todos los organismos y movimientos feministas del país a garantizar los mecanismos efectivos directos de protección de manera permanente.
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