Entre las acciones del MP, en un despliegue de su estructura en todo el país, realizaron inspecciones oculares en 56 albergues e instituciones afines para verificar la comisión de hechos delictivos dentro de esas instalaciones, donde registraron hasta el momento unas 20 supuestas víctimas.
Durante las investigaciones el grupo de fiscales, acompañado de psicólogos y trabajadores sociales, entrevistaron a más de 280 niños, niñas y adolescentes que residían en tales hogares, donde comprobaron irregularidades que son parte de las pesquisas, informó a la prensa el procurador encargado Javier Caraballo.
El jefe provisional del MP hizo un llamado a la sociedad panameña a la no revictimización de esos menores y que la coyuntura no la utilicen algunos sectores como bandera para ganar protagonismo y favorecer intereses ajenos al reconocimiento de los derechos de esta población vulnerable.
Caraballo informó que, para velar por su protección, las presuntas víctimas infantiles fueron reubicados en otras instalaciones, a la vez que los fiscales son extremadamente cuidadosos para no sobreexponerlos en el transcurso de las pesquisas.
Como resultado de las investigaciones están pendientes de juicio dos casos por actos libidinosos contra menores de edad residentes en los refugios infantiles, mientras que en los últimos días detuvieron a otras cinco personas por peculado y maltrato al niño, niña y adolescente y en un caso por delito contra la libertad sexual.
‘Hemos inspeccionado 56 albergues cuando tenemos reporte de la existencia de 57 de ellos. El que falta no lo hemos inspeccionado porque hay un tema de contagios de Covid-19’, dijo y aseguró que el MP perseguirá el delito en estos casos hasta que tengan a todas las personas responsables.
De forma independiente, la Defensoría del Pueblo realizó inspecciones a 44 de estos hogares en nueve provincias del país, donde reveló que el 70 por ciento del personal que allí labora no es idóneo y adolecen de trabajadores sociales, personal de salud, psicólogos y nutricionistas, entre otros.
En un informe preliminar, denunciaron falta de atención de las instituciones del Estado como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, juzgados de Familia, fiscalías especializadas y otras relacionadas con la protección de los infantes alojados en los hogares mencionados.
Otras deficiencias encontradas fueron las dificultades para el acceso a la educación por ausencia de documentación de los niños, además de que en un mismo albergue conviven personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos y población migrante.
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