La víspera el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de oposición a la nueva Ley de Migraciones que tras años en el parlamento fue aprobada en diciembre último.
Asimismo el TC dio un plazo de cinco días para que el Congreso Nacional y el presidente Sebastián Piñera se pronuncien si lo consideran necesario, sobre los señalamientos planteados contra la legislación
La iniciativa que plantea al carácter inconstitucional del texto fue impulsada por legisladores del partido Revolución Democrática con el respaldo de otras fuerzas, y se refiere a 13 artículos de la ley.
Entre los artículos cuestionados aparece el que faculta al Estado para determinar quién ingresa al país; uno sobre procedimientos de retorno asistido por eventuales vulneraciones a los derechos de los menores de edad, y otro que atribuye al Gobierno la prerrogativa para fiscalizar las solicitudes de visa de turismo.
Los legisladores que señalan su ilegalidad advierten que tales facultades podrían propiciar arbitrariedades al determinar quiénes pueden ingresar o no a Chile.
Al presentar en diciembre el requerimiento, la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática, señaló que con esta legislación el Gobierno no asume una política moderna sobre el tema de la migración y a la larga promoverá una mayor irregularidad y la violación de los derechos humanos de los migrantes.
Tras conocerse la decisión del TC el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que los artículos cuestionados sí son constitucionales y el Gobierno se encargará de demostrarlo.
Asimismo criticó a los promotores de la iniciativa de querer ‘generar más desorden aún del que ya hemos tenido en los últimos años, por no tener una ley migratoria aprobada’.
La legislación también había sido muy criticada durante su tramitación por organizaciones de migrantes que la calificaron de discriminatoria y perjudicial a la integración de los extranjeros a la sociedad chilena.
El pronunciamiento del TC se produjo además el mismo día en que el presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que establece la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la inmigración ilegal en zonas fronterizas del norte del país.
Según dijo el mandatario, los militares ‘ampliarán la colaboración’ con las autoridades civiles y fuerzas de Orden y Seguridad, no solo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino desde ahora también en el enfrentamiento a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
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