La fragilidad en los sistemas de salud y educación también emergió durante este período, marcado por la incertidumbre y la desesperanza, sobre todo en la población más pobre, la cual tocó fondo tras el impacto de la pandemia en la economía.
En medio del ataque de un enemigo desconocido e invisible a inicios de marzo, cuando Panamá reportó el primer caso de Covid-19, las aulas permanecieron vacías durante todo el curso escolar y los alumnos confinados en sus hogares, desde donde intentaron continuar las clases a distancia.
Sin embargo, la actual crisis sanitaria mostró lo que desde hace tiempo los estudios reflejan: la vulnerabilidad y desigualdad en el sistema educativo donde, a juicio del Ministerio de Educación, casi el 30 por ciento de la población estudiantil carece de conexión a internet en sus casas.
En el sexto país del mundo con peor distribución de la riqueza, más de medio millón de educandos de la enseñanza pública de primaria y media no cuentan con equipos de cómputo en sus residencias y en muchos casos se turnan el único móvil existente, según estudios del Centro de Investigación Educativa.
Ante este escenario, la falta de una estrategia oficial sincronizada acentuó las diferencias entre las escuelas oficiales y privadas, en las que al menos tres mil alumnos de estos colegios emigraron a los públicos dos meses antes de finalizar el año lectivo 2020 en diciembre, debido al impacto de la falta de empleos y la reducción en los ingresos familiares.
SALUD AL LÍMITE
Otro rostro, nada diferente al anterior, fue el que mostró el sistema de salud con hospitales desbordados, más de tres mil positivos diarios como promedio, muertes cercanas a 30 cada día y personal agotado en el contexto de un complejo panorama impuesto por el avance vertiginoso de la Covid-19.
Pese a las estrategias y la cuarentena total por casi siete meses, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, batió récords de contagios, ingresos y muertes en medio de presiones económicas y de ‘un egoísmo perverso que coloca por encima de una medida sanitaria el apetito de lo que se ha dejado de ganar’, expresó el comentarista local Julio Bermúdez.
Lo cierto es que en un mes (diciembre) ‘hemos duplicado la cantidad de enfermos y fallecidos que reportamos semanalmente, lo que evidencia que no hemos hecho lo suficiente por controlar la epidemia’, aseguró el doctor Jorge Luis Prosperi, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud en Nicaragua.
Por otro lado, las estimaciones conservadoras señalan que el 20 por ciento de la población pudiera estar infectada, lo cual significa que cerca de un millón de panameños portan el virus y no lo saben, mientras transmiten la enfermedad en su trabajo, transporte público y hogares, apuntó.
Un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud indicó que Panamá registra la más alta incidencia entre los países de América por cada 100 mil habitantes y lidera en Centroamérica el número de casos acumulados.
Los iniciales aplausos mayoritarios por el eficiente manejo de la crisis sanitaria, cedieron ante atrasos en la llegada de la ayuda alimentaria y financiera a los más golpeados por la pandemia y denuncias de que la presunta mano peluda de la corrupción aprovechó la angustia para sacar partido desde adentro del Gobierno.
Ese es el caso de la renuncia en mayo del viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, por escándalos de supuesta corrupción y malos manejos de fondos en la compra de insumos médicos, situación que contrasta con la sorpresiva destitución de la ministra de Salud, Rosario Turner, a pesar de la aprobación popular a su gestión.
A esta suspensión se sumó la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Inés Samudio, y la dimisión de la titular de Desarrollo Social, Markova Concepción, actualmente representante permanente de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas.
Otros de los defenestrados en el actual Ejecutivo, de poco más de un año de funcionamiento, fueron los ministros de Gobierno, Carlos Romero y Sheyla Grajales, quien apenas estuvo unos días en el cargo.
El canciller Alejandro Ferrer, el viceministro de Relaciones Exteriores Federico Alfaro y el titular de Seguridad, Rolando Mirones, completaron la nómina de las renuncias, este último tras fuertes cuestionamientos sobre el manejo de la estrategia para combatir la delincuencia y el narcotráfico.
A propósito del tema, a finales de noviembre y principios de diciembre visitaron Panamá los jefes de la DEA (Administración de Control de Drogas), Timothy Shea; del Comando Sur, Craig Faller, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, lo cual despertó suspicacias en algunos panameños. Recientemente el excanciller Jorge Ritter recordó que ‘el desfile’ de funcionarios que guardan relación con la seguridad de esa nación norteña se inició antes con las visitas del consejero y el asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien y Mauricio Claver-Carone, respectivamente.
Su experiencia en lides diplomáticas y políticas hacen válido el razonamiento de que, si Panamá no es para esa potencia una prioridad en temas como el migratorio, entonces los motivos de las continuas visitas son el enfrentamiento al narcotráfico y algo relacionado con Venezuela, que sí está en la agenda del presidente Donald Trump.
VIOLENCIA DISPARÓ LAS MUERTES EN EL PAÍS
Según estadísticas oficiales, hasta noviembre del actual año Panamá registró 455 homicidios, cifra que superó los 407 ocurridos en igual periodo de 2019.
Datos revelaron que los 65 crímenes ocurridos en enero último aventajaron en 22 los contabilizados en el mismo mes del año pasado, incremento que especialistas atribuyeron al asesinato de siete personas a manos de una secta religiosa en la comarca Ngäbé Buglé y a los derivados de la masacre ocurrida en la capitalina cárcel La Joyita, en diciembre de 2019.
Al récord de enero le siguió julio, el segundo más mortífero con 49 casos, de los cuales siete corresponden a la matanza de jóvenes en el búnker de Espinar, en la caribeña provincia de Colón.
El hallazgo de los cuerpos en una fosa común en la comarca indígena, entre ellos una mujer embarazada y sus cinco hijos, y el hecho ocurrido en Colón fueron los que más acapararon la atención este 2020 por la atrocidad y el enseñamiento de los asesinos.
A juicio del criminólogo Marco Aurelio Álvarez, con la pandemia las actividades del crimen organizado no se detuvieron, por el contrario, aumentaron con un alto ingrediente de violencia con el objetivo de establecer un régimen de terror, al igual que los feminicidios (41 hasta la fecha). Pero la violencia no solo estuvo signada por el narcotráfico y las rencillas entre bandas, sino también por el exceso de fuerza conque la Policía Nacional (PN) arremetió contra los jóvenes, actuación que ya resulta cotidiana, según opiniones generalizadas en la sociedad.
Detenciones arbitrarias, golpizas, represión y agresiones verbales, así resumió La Prensa ‘la fórmula que emplea la dirección de la PN para someter a grupos que en el último año han protestado por diversas circunstancias’, poder que ‘se ha consolidado en el actual gobierno por encima de los derechos ciudadanos’.
Sin embargo, las críticas al cuerpo castrense no solo provienen de las universidades, la ciudadanía y organizaciones cívicas, sino también desde los medios de comunicación, pues los atropellos también alcanzaron a miembros de la prensa, mientras reportaban los sucesos debidamente identificados. Tal vez por todo lo expuesto es que algunos panameños miran con recelo y cuestionamiento el pretendido nuevo pacto social convocado para noviembre de 2021 por el presidente Laurentino Cortizo, en ocasión del bicentenario de la independencia de España, el cual pretende ‘cerrar brechas’.
Otros, por el contrario, prefieren enarbolar la frase que gritó la menor de edad Jocelyn Sánchez a los periodistas, cuando a inicios de diciembre los uniformados la subían al carro de la policía durante una manifestación: ‘Yo no me siento avergonzada que me hayan detenido, yo estoy defendiendo mi patria’… arb/npg
*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Panamá