‘Ministros y altas autoridades de ambiente, se reunirán para articular acciones en la lucha contra el cambio climático, la democratización del agua y por los derechos de la Madre Tierra’, precisó el ALBA-TCP en su cuenta de la red social Twitter.
Durante la XIX Cumbre de jefe de Estado y de Gobierno, celebrada el 24 de junio en Caracas, los países integrantes del bloque de integración ratificaron en un acuerdo especial que resulta imperativo el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Al respecto, ponderaron los temas vinculados al cambio climático, la conservación de la diversidad biológica y la lucha contra la desertificación, contaminación, entre otros, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Afirmaron además que las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París aún resultan insuficientes para alcanzar la meta de estabilización de la temperatura, meta imprescindible para detener la recurrencia de eventos devastadores y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.
Ante este escenario, el ALBA-TCP enfatizó la necesidad de profundizar los esquemas de cooperación existentes entre las regiones, para conformar una alianza internacional frente al cambio climático y otros asuntos ambientales de importancia.
La Alianza consideró que la crisis ambiental es consecuencia de los patrones insostenibles de producción y de consumo de los países desarrollados y sobre todo de la falta de voluntad política para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones en ese ámbito.
Asimismo, alertó que América Latina y el Caribe, incluidos los países del ALBA-TCP, sufren los impactos crónicos y graduales del cambio climático, lo cual repercute en los avances en el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y la lucha contra la pobreza.
En tal sentido, el bloque integracionista instó a promover la transición hacia patrones más sostenibles de consumo y producción, y denunció además el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en las capacidades de los Estados para responder a la crisis ambiental.
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